A través de la his­toria, reformar los cuerpos po­liciales nunca ha sido tarea fá­cil, pues son asumidas por los gobiernos cuando detonan hechos tan trágicos como lo sucedido a la pareja de espo­sos abatidos por una patrulla policial o cuando existe alto grado de corrupción, incapa­cidad e incompetencia para poder controlar la criminali­dad, colocando en un estado de crisis a dicha institución.

En efecto, el estallido de esta crisis ha apresurado la creación de una comisión de notables profesionales para otra “reforma policial”, de la cual no tengo dudas que rea­lizará un trabajo encomia­ble. Sin embargo, en base a mi experiencia profesional en la institución policial puedo afirmar categóricamente que el problema de la inseguri­dad ciudadana no solo es un asunto de una reforma poli­cial, pues esto sería colocar la lupa en una parte del cuerpo social afectado.

En este contexto, al ser la inseguridad ciudadana una afección social, debe de ser observada, analizada y trata­da como un gran “sistema so­cial”, donde en su “metabo­lismo” se ha producido una alteración producida por los cambios experimentados por la división del trabajo en ba­se al conocimiento, la tecno­logía, el cambio en la escala de valores, la carencia de ci­vismo, la falta de respeto a las leyes y a la autoridad, medios que son indispensables para la convivencia social.

Por estas razones, el abor­daje correcto a este “siste­ma social” sería con la im­plementación de diseños de planes de carácter “parcial” aplicados a cada “subsiste­ma social” (subsistemas de salud, educación, seguridad pública, Ministerio Público), para luego, como Estado, poder analizar el conjunto de todos los órganos parcia­les y lograr la interacción en­tre ellos como un todo unifi­cado, bajo la sombrilla de un “plan estratégico nacional”, donde la Reforma Policial es un componte más dentro del subsistema de seguridad pública.

Citaremos los principales desafíos a la Seguridad Ciuda­dana y la reforma como acción del Estado:

1.- Voluntad política: Pe­ro aquella “voluntad política” planteada por el filósofo fran­cés Jean-Jacques Rousseau, quien la definía como la su­matoria de los diferentes in­tereses comunes que conver­gen en una voluntad general. O sea, que el poder político de turno logre el consenso y coaliciones con los diferentes partidos políticos, el empre­sariado, las iglesias y la socie­dad civil, para la concertación de un gran “acuerdo nacio­nal” a largo plazo para asu­mir las corresponsabilidades del diseño e implementación de todas las políticas públi­cas tendentes a garantizar la seguridad, y no ocurra lo que pasó con el anterior Plan de Seguridad Democrática, que fracasó por falta de continui­dad de Estado por el siguien­te gobierno.

2.- Desarrollar la capa­cidad de gestión del sis­tema judicial. Abarcando los subsistemas que la com­ponen, como son: la Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial y el Penitencia­rio. ¿Qué ha ocurrido con la capacidad punitiva del Esta­do? Pues ha pasado del dere­cho puramente legal al plano político, de lo que podría lla­marse el “populismo garan­tista”, cayendo en una especie de justica selectiva que gene­ra impunidad, desconfianza en las autoridades y, por ende, el fortalecimiento de la delin­cuencia.

3.- Perfeccionar las pro­puestas para una refor­ma policial equilibrada y un cambio de visión del Ministerio de Interior y Policía. Este Ministerio es vis­to generalmente, como políti­co, donde prevalece la política partidista sobre la conducción profesional de la seguridad in­terior.

a) Cambio cultural. Es nece­sario un estudio etnográfico a lo in­terno de la institución policial, par­tiendo de que procede un método de investigación social que estudie de manera sistemática la cultu­ra de los diversos grupos internos, constatando las prácticas cultura­les, sus condiciones socio-labora­les, autoestima, orgullo institucio­nal, etc.

b) Fortecer la preveción del delito. Una de las debili­dades institucionales es la pre­vención, y para ello, hay que apoyarse en las ciencias de la inteligencia policial, de la cri­minología, para el estudio científico de los componentes del delito (víctima, victimario y entorno), del mapeo delictual, y dotar a las patrullas preven­tivas del uniforme reglamenta­rio y equipamiento completo necesarios para el uso de los di­ferentes usos de los niveles de la fuerza (desde gas pimienta hasta cámaras portátiles).

c) Centro Nacional de Criminología. Para el forta­lecimiento de las políticas pre­ventivas del control del delito en acciones policiales focali­zadas, profesionales y ampa­radas en métodos científicos sugiero esta creación, pues la CRIMINOLOGÍA se auxilia de expertos profesionales de la so­ciología, psicología, trabajo so­cial, medicina, antropología, matemática, física y química, apoyándose de manera indi­recta del derecho penal y de otras ciencias de carácter penal o forense.

4.- Capacidad de en­frentar las situaciones políticas desfavorables. El gobierno debe de soportar las presiones multisectoriales de intereses que convergen en el tema de seguridad, y dar el decisivo respaldo político pa­ra dar continuidad a las políti­cas diseñadas, como también, de estabilidad a los equipos humanos encargados de im­plementarlas. Además de la “conciencia” estatal y colectiva de que todos estos cambios re­quieren de tiempo.

5.- Estrategia para la implementación de la re­forma policial. Garantizar que el estamento político se in­volucre en la ejecución y super­visión del mismo, manejando con habilidad y prudencia el delicado proceso de cambios institucionales, desarrollando también las “coaliciones políti­co-sociales” fuera de la policía y las “alianzas internas” en la institución con todos aquellos miembros con liderazgo que estén a favor y dispuestos a “ju­gárselas” por el cambio.

6.- Vencer la tentación de que las urgencias del momento pospongan la agenda de la seguridad ciudadana. Este último de­safío es muy importante conte­nerlo, pues los políticos cuan­do detentan el poder suelen ser muy “sensibles” ante situa­ciones emergentes y tienden a ceder ante la tentación de pos­tergar la agenda de la reforma policial para atender las urgen­cias del momento político, pe­ro que son menos relevantes frente al interés nacional.

7.- Modificación del Có­digo Procesal Penal y Có­digo Penal. Para fortalecer el desempeño de las autorida­des.

Finalmente, felicitamos la firme voluntad del presiden­te Luis Abinader y ha llegado momento de caminar hacia el futuro. Para los inseguros todo es imposible; para los cobardes, es miedo a lo des­conocido; y para los policías con coraje, es la gran oportu­nidad. ¡Seamos agentes de transformación!