Finjus quiere que se modifique Ley sobre notariado

Opinionsur.net,El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), mostró  preocupación por las distorsiones y efectos negativos que acarrearía la reciente adopción y promulgación de la Ley 140-15 que regula el notariado dominicano e instituye el Colegio Dominicano de Notarios.

Sin embargo, el doctor Servio Tulio Castaño Guzmán dijo que la referida ley constituye un instrumento que procura adecuar la función notarial a los cambios políticos, sociales, económicos, legales e institucionales acaecidos en el país.

Manifestó que la adopción de la Ley 140-15 ha generado gran rechazo en múltiples sectores sociales, debido a que la misma se asienta en una grave distorsión sobre la naturaleza de la función notarial, que es de carácter público y que debe servir al interés general.

"Finjus se une a los diferentes sectores que reclaman que la Ley 140-15 sea urgentemente revisada y se ajusten los aspectos negativos y distorsionadores, basándose en estudios de factibilidad social y económica que debieron ser realizados previo a su adopción y con consenso de todos los sectores involucrados en este servicio", enfatizó el jurista al coincidir con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía.

Destacó que los notarios en el ordenamiento jurídico ejercen una función pública que le ha sido delegada por el Estado, que es la de dar autenticidad y fecha cierta a los actos y negocios jurídicos contenidos en los documentos que redacta, en virtud de lo determinado por la ley.

En ese sentido, el jurista sostuvo que sus actos deben responder a lo establecido por la Constitución dominicana en su artículo 147: que esté destinada a satisfacer las necesidades de interés colectivo y responda a los principios de universalidad, accesibilidad, eficiencia, transparencia, responsabilidad, entre otras.

Señaló que las graves repercusiones que alerta con relación a la referida ley se concentran principalmente en la nueva escala tarifaria que establece, pues la misma aumenta irrazonablemente los costos establecidos en la normativa derogada.

"El establecimiento de tarifas para la remuneración de los notarios constituye una fórmula por la que el Estado ­financia entre sus usuarios los gastos de índole personal y material inherentes al desempeño de la función notarial, a efectos de preservar los intereses generales del conjunto de la sociedad", acotó Castaño Guzmán.

Indicó que el establecimiento de una tarifa, que debe ser cobrada idénticamente por los notarios, es consecuencia del servicio público que brindan, con la particularidad de que el Estado no otorga recursos para gestionar las notarías.