“Eventos contaminantes ocurridos durante años en perjuicio del río Oza­ma y los conglomerados humanos circundantes”, fue el alegato de la denun­cia por delitos ambienta­les del Instituto de Abo­gados para la Protección del Medio Ambiente (In­saproma) contra la em­presa Seaboard Transcon­tinental, propietaria de la barcaza que opera sobre el río Ozama.

Pero a pesar de que el Insaproma reveló, a tra­vés de un comunicado de prensa, que los señala­mientos legales fueron de­positados ante la Procura­duría Especializada para la Defensa del Medio Am­biente y los Recursos Na­turales el pasado día 4 de este mes, el gerente gene­ral de la entidad, Arman­do Rodríguez, dijo desco­nocer cualquier demanda y afirmó que no han sido notificados sobre los seña­lamientos legales.

Rodríguez declaró a la prensa que no están vio­lentando la ley e invitó al equipo legal que hizo la imputación, a presentar las pruebas.

“Quien diga que noso­tros vertimos materiales al río desconoce nuestra for­ma de operar, o simplemen­te está mintiendo”, añadió Rodríguez, y apuntó que tienen todos sus permisos en orden y vigentes, y pre­sentan sus informes de im­pacto ambiental periódica­mente.

Asimismo, indicó que son auditados por las autorida­des del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Natu­rales (Mimarena) y actual­mente la empresa opera normalmente.

Rodríguez valoró como “absolutamente falsos” los señalamientos sobre conta­minación en el río Ozama que se han filtrado a través de distintos programas ra­diales.

“Podemos abrir las puer­tas para que ustedes (refi­riéndose a la prensa) pasen y vean las operaciones. Ahí no hay ningún misterio, de hecho estamos en la carre­tera frente a todo el mun­do”, manifestó el empresa­rio.

Explicó, además, que Seaboard no emite “ningún tipo de contaminación den­tro de los parámetros esta­blecidos”, por lo que argu­mentó que debe tratarse de laceraciones a intereses eco­nómicos ya que no entiende “la situación que está ocu­rriendo con el río”.

Según una nota del In­saproma, Seaboard violen­tó varios artículos de la Ley General sobre Medio Am­biente (64-00), y piden una investigación y se ponga en marcha la acción pública contra la empresa.

Plantearon también que en 2017 el Mimarena decla­ró que “las instalaciones re­presentan, desde el punto de vista térmico, un peligro ambiental” y que el mante­nimiento de estas operacio­nes en la ribera del Ozama es “contradictorio con los esfuerzos que se han esta­blecido desde el Estado pa­ra su recuperación ambien­tal”.

SEPA MÁS
Fiscales visitan
Ayer, la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Am­biente informó que rea­lizó un descenso a las áreas donde se encuen­tra instalada la barca­za de generación Estre­lla del Mar II, actuando en virtud de la denuncia interpuesta por Insapro­ma, por supuestos deli­tos ambientales.

Investigación
El objetivo fue “iniciar una investigación con respecto a los posibles impactos que pudiera estar generando en el rio Ozama”, dijo el fiscal Jo­se Espinal Beato.