Setenta y dos funcionarios nombrados por el presi­dente Luis Abinader figu­ran en un listado de la Cá­mara de Cuentas por no haber depositado sus de­claraciones juradas de bie­nes.

El documento también manifiesta que 411 fun­cionarios, nombrados du­rante el mandato de Dani­lo Medina y que cesaron en sus funciones por de­cretos de Abinader, tam­poco habían presentado su declaración jurada de patrimonio hasta el 16 de octubre del presente año.

Por igual, 4,076 funcio­narios electos, entre dipu­tados, regidores, alcaldes y vocales, también fueron señalados como “omisos” por el órgano de control fiscal, debido al incumpli­miento de la Ley 311-14 so­bre Declaración Jurada de Patrimonio.

Director general, subdi­rector, cónsul general, em­bajador de la República Dominicana, subadminis­trador, diputado, regidor, director municipal, y alcal­de son algunos de los car­gos que figuran en el listado de personas que no han en­tregado el documento con sus bienes.

A once días de asumir su mandato, el 27 de agosto, Abinader dijo que los fun­cionarios que no presenta­ran su declaración jurada de bienes al día 15 de sep­tiembre quedarían suspen­didos.

Asimismo, el mandata­rio agregó que si todavía los funcionarios no declaraban su patrimonio pasadas tres semanas de la fecha límite, entonces quedarían remo­vidos de sus cargos. “Si en tres semanas posterior al día 15 de septiembre no en­trega la declaración jurada de bienes entonces estará destituido”, expresó en una rueda de prensa ofrecida en el Palacio Nacional.

Pese al anuncio del presi­dente, la Cámara de Cuen­tas dio un plazo de 13 días para recibir la documenta­ción, siendo la nueva fecha el 28 de septiembre, des­pués de varias quejas por parte de usuarios que tuvie­ron problemas con el portal digital de la institución.

Advertencia de Abinader

Un día después de excedido el nuevo plazo de entrega, el mandatario aseguró que los funcionarios que no de­clararon sus bienes a tiem­po quedarían suspendidos de sus funciones. “El que no declare será suspendido”, expresó mientras caminaba por los pasillos del Palacio Nacional.

Abinader repitió su ad­vertencia de que si en un periodo de tres semanas después del vencimiento de la fecha de entrega, los fun­cionarios todavía no decla­raban sus bienes entonces serían destituidos.

Las declaraciones del jefe de Estado fueron emitidas luego de que Hugo Álvarez Pérez, presidente de la Cá­mara de Cuentas, asegura­ra que hasta el martes 28 de septiembre sólo la mitad de los servidores públicos (tan­to actuales como de la pasa­da administración) habían presentado su declaración jurada.

No obstante, Abinader afirmó que todos los minis­tros y directores generals de instituciones públicas ya habían depositado los do­cumentos solicitados por la institución.

En el listado de la Cáma­ra de Cuentas figuran Lau­reano Guerrero Sánchez, director general de Desa­rrollo Fronterizo; Andrés Enmanuel Bautista Tave­ras, cónsul general en Haití; Juan Agustín de los Santos Peña, cónsul en Colombia; Roberto Enrique Rubio Cu­nillera, viceministro de Re­laciones Exteriores; entre otros servidores públicos.

En cumplimiento de la advertencia que hizo en dos ocasiones, el mandatario ha suspendido hasta el mo­mento a 15 funcionarios a través de los decretos 525-20 y 534-20, emitidos el 30 de septiembre y el 2 de oc­tubre respectivamente.

El primer artículo de los decretos dispone que “la suspensión provisional de los funcionarios se realizará sin disfrute de sueldo hasta tanto presenten su declara­ción jurada”.

Las suspensiones

En las suspensiones del de­creto 525-20 figuran Faruk Garib Arbaje y José Corde­ro Mora viceministros de Agricultura; Anibal Díaz Be­lliard, director operativo de Presidencia; Cecilio A. Ro­dríguez Montás, director ejecutivo del Instituto Na­cional del Bienestar Estu­diantil; Francisco Cantizano Nadal, director de ceremo­nial de estado de Relaciones Exteriores; Simeón Ramí­rez Cruz, director ejecutivo del “Proyecto Cruz de Man­zanillo” del Ministerio de Agricultura; Kohuris Henrí­quez Disla, director general de Riesgos Agropecuarios; Ana María Henríquez Disla, directora ejectuvia del Con­sejo Nacional de Investiga­ciones Agropecuarias y Fo­restales.

Asimismo, en el decreto 534-20 se encuentran An­derson Ramón de los San­tos, presidente de la Comi­sión de Apoyo Provincial Región Este; Porfirio He­rrera, director general de Promipymes; Daniel Anto­nio Liranzo, director ejecu­tivo del Consejo Nacional de Zonas Francas; Reynal­do Ferreira Genao, direc­tor ejecutivo de la Comisión Nacional del Cacao; Máxi­mo Pérez Pérez, director ejecutivo del Instituto Azu­carero Dominicano; Dolo­res Núñez, subdirectora del Instituto Nacional de Trán­sito y Transporte Terrestre; Daniel Florida Sánchez Mo­ta, subdirector del Institu­to Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre.

 SEPA MÁS

 La Ley 311-14 sobre la materia

 Las sanciones.

El artículo cinco de la Ley 311-14 sobre Decla­ración Jurada de Patri­monio dispone un plazo de 30 días siguientes a su toma de posesión pa­ra que los funcionarios presenten la declaración jurada de los bienes que constituyen su patrimo­nio y el de la comunidad conyugal.

Prisión y multa.

Del mismo modo, el artí­culo 15 establece que los funcionarios que falseen su patrimonio pueden enfrentar hasta dos años de prisión y una multa de 20 a 40 salarios mí­nimos por parte del Go­bierno.

Suspendidos.

Según el listado propor­cionado por la Cámara de Cuentas, de los servi­dores públicos suspen­didos sólo restaban An­derson Ramón de los Santos y Daniel Antonio Liranzo por hacer su de­claración de patrimonio al 16 de octubre.