El bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo (FP), so­metió ayer una resolución en la que solicita al pleno de la Cámara de Diputados proce­der a la interpelación del go­bernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu; al mi­nistro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz; y al superin­tendente de Pensiones, Ra­món Contreras Genao, para que respondan por el mane­jo y uso irregular de los Fon­dos de Pensiones propiedad de los trabajadores domini­canos.

Los legisladores de la Fuerza del Pueblo recorda­ron que el gobernador del Banco Central expresó su oposición a la modificación de la Ley 87-01 porque a su juicio provocaría “conse­cuencias negativas y perver­sas sobre los sectores más vulnerables de la sociedad, la estabilidad y el crecimien­to económico”, tildando de desafortunadas e improce­dentes las propuestas legis­lativas.

En rueda de prensa, seña­laron que sin embargo, pos­teriormente a las declaracio­nes de oposición de Valdez Albizu a que se otorgara un porcentaje de los Fondos de Pensiones a a los trabajado­res, el funcionario autoriza­ra a las Administradoras de Fondos de Pensiones liquidar instrumentos financieros por RD$ 40 mil millones que te­nían en el Banco Central.

La operación realizada por el Gobierno implicó que el Banco Central recompra­ra títulos que tenían las AFP en esa entidad, para que es­tas, a su vez, pudieran dispo­ner de liquidez a los fines de adquirir los referidos títulos de deuda del Ministerio de Hacienda. “Los funcionarios públicos sujetos a interpelar al autorizar la colocación e invertir en los bonos del Mi­nisterio de Hacienda, no re­pararon en el monto autori­zado a colocar y en la base legal que sirvió de sustento a la operación concretada, lo que sienta un precedente fu­nesto e ilegal para el merca­do de valores y para las AFP como inversionistas”, leyó el vocero del bloque de diputa­dos de FP, Henry Merán.

Manifestó que por tanto, “esto constituye un despro­pósito por parte de las au­toridades el que se haya ignorado la solicitud de los trabajadores con argumen­tos técnicos y que sea el pro­pio Gobierno el que, con esta operación, haya pulverizado sus propios argumentos, al acceder a 40 mil millones de pesos de los fondos de pen­siones de forma irregular y en prejuicio de sus legítimos propietarios que son los tra­badores dominicanos”.