Inmigración ilegal y dominicanidad
Opinionsur.net,Homero Luis Lajara SoláSanto Domingo
“El gobierno debe mostrarse justo y enérgico... O no tendremos Patria, y por consiguiente, ni libertad ni independencia nacional”.
-Juan Pablo Duarte-
El libro de Éxodo narra cómo Moisés, en tiempos del faraón Menefta -algunos historiadores señalan a Ramsés II-, salió en el mes de Xánticus (abril) en búsqueda de la tierra prometida, guiando a los esclavos judíos de Egipto, iniciándose en la historia del hombre uno de los principales capítulos de masas humanas desplazándose de un lugar a otro tratando de alcanzar la anhelada felicidad.
Todavía hoy, en un nuevo milenio de la Era Cristiana, la migración de las poblaciones responde generalmente a desequilibrios económicos entre regiones o países, o a factores socioculturales; diferencias o conflictos étnicos, de religión y de ideología política. Estas inmigraciones ilegales, sobre todo cuando se hacen por mar y sin las condiciones de seguridad adecuadas, suelen dar lugar a tragedias espantosas, como la acaecida el pasado 19 de abril entre las costas de Libia y la isla Lampedusa de Italia, al zozobrar una embarcación con aproximadamente 700 inmigrantes.
Retrotrayéndonos a nuestras latitudes caribeñas, todo el mundo sabe que por aquí el tráfico de vidas humanas es también una realidad continua, con la diferencia de que mientras en Europa los países integrantes de la Unión Europea se organizan para brindar asistencia económica e impedir que el mar Mediterráneo siga siendo un cementerio de seres humanos. En un país llamado República Dominicana, con un bajo presupuesto gubernamental y una pírrica asistencia de los Estados Unidos, la Armada ha logrado reducir considerablemente los viajes ilegales. Pero como paradoja de la vida, algunas naciones grandes y poderosas, nos exigen que seamos receptores sin límites de inmigrantes de los vecinos del Oeste, un país más pobre que el nuestro. Según la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los EE.UU (CBP) en el año fiscal federal (inicia 1° de octubre 2014) al 1° de abril 2015, en el Caribe se han detenido 375 personas intentando llegar a territorio puertorriqueño en frágiles embarcaciones cruzando el peligroso Canal de la Mona.
De esa cifra 156 son de nacionalidad cubana, 128 haitianos y 91 dominicanos. ¿Qué les parece? Sabemos que la existencia de un Estado está garantizada cuando dispone de suficiente espacio para satisfacer las necesidades de sus habitantes y el aprovechamiento económico de su territorio, siendo ésta la relación básica entre espacio y población o espacio vital, y en el caso nuestro, no podemos ser el espacio vital de los haitianos.
Quizás pensando de esta manera, el general John F. Kelly, jefe del Comando Sur de los EEUU, manifestó recientemente que, “más inmigrantes ilegales agregarían más carga a los recursos dominicanos, ya con una demanda que excede su capacidad... la población extranjera indocumentada en la República Dominicana, mayormente haitiana, consume el 30% del presupuesto de salud”.
Frente al problema migratorio desde Haití, los dominicanos somos víctimas de la inconsistencia de algunas naciones, donde con la arrogancia del fuerte, con sus honrosas excepciones, y la irracionalidad a conveniencia de ciertos Estados débiles, quieren imponernos criterios jurídicos obtusos y perjudiciales para el desarrollo y seguridad nacional, frente a los cuales ellos hacen lo contrario.
El gobierno de la República Dominicana, abogando por la solución del problema haitiano de forma pacífica, emitió, después de la Sentencia 168-13 del Honorable Tribunal Constitucional “que le coloca el cascabel al gato”, el Decreto 327-13, que pone en marcha el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, con la salvedad de que la Ley General de Migración 285-04 con su reglamento de aplicación 631-11, indicaba ya de manera muy clara cómo se adquiere la nacionalidad.
Acosado por presiones foráneas y locales, el gobierno ha tenido que maniobrar con extrema prudencia en el terreno diplomático, y aun así ha recibido de manera injusta hasta una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En un ensayo hecho para el Listín Diario, publicado el 9 de agosto de 2014, intitulado “La Balcanización de un Estado”, manifesté que, “si se toman medidas cautelares responsables, dentro del marco de nuestra Constitución y nuestras leyes, principalmente en lo concerniente a supervisión, transparencia y controles, aplicándolas con la severidad de un sensor romano; entonces no seríamos la repetición de un Kosovo en el Caribe”.
Pero no obstante la excepcional ayuda ofrecida por los dominicanos, la ofensiva de desinformación generada por la capacitada y veleidosa diplomacia haitiana, relativa a un supuesto plazo en el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros que venció este 17 de junio, y rumores de protocolos absurdos relacionados a lo mismo, obligó, tanto al presidente Medina, así como a su canciller y al ministro de Interior, a reiterar públicamente y por separado que no habrá prórroga en ese sentido para cumplir la Ley 169-14.
Las declaraciones del ministro de Defensa de la República Dominicana -después de vencerse el plazo- de que sin cometer excesos y respetando los derechos humanos, citó: “Todo aquel ciudadano de otro país que no se acogió al Plan será repatriado cuando sea detectado”, y el anuncio de la Dirección General de Migración de que están listos para ejecutar las repatriaciones que contempla el Plan de Acción de Políticas Migratorias 2015-2016, al cumplirse el plazo otorgado por el Decreto 327-13, haciendo énfasis en su Artículo 4, se crea un hito en nuestro país en cuanto a política migratoria, superando en ese contexto a naciones desarrolladas.
Ahora solo falta el complemento de resguardo a la soberanía nacional mediante la creación de un escudo efectivo que impida la inmigración ilegal por la frontera terrestre, con su consiguiente reacción adversa, enfrentando con responsabilidad y firmeza la negligencia y el lucrativo negocio de la trata de personas, donde las Fuerzas Armadas, herederas de las glorias inmarcesibles que nos legaron una Patria libre e independiente, junto a la Dirección General de Migración, deben actuar a la altura de sus altas responsabilidades, respaldadas por la voluntad política, jugando su papel protagónico en la detección y corrección de fallas y anomalías, haciendo cumplir la ley, sin vacas sagradas.
Todo esto, a pesar del golpe institucional que sufrió la Nación dominicana recientemente, donde una minoría poderosa decidió por las mayorías en un Estado que se denomina democrático, basándose en translúcidas encuestas de popularidad para modificar la Carta Magna exclusivamente para la repostulación de un Presidente, e independientemente de que reconozcamos el buen gobierno que ha hecho, solo Dios es el Alfa y la Omega.
Por eso esperamos que la Constitución y las leyes, influenciadas del espíritu de Pitágoras, que integró la filosofía con la política, esta vez se cumplan, sin doblegarse a presiones de organismos internacionales, para repatriar a los indocumentados, con el propósito sagrado y patriótico de preservar la dominicanidad creada a machete, pólvora y sangre, abonando nuestras ubérrimas tierras en el campo de batalla, bajo la égida del Patricio Juan Pablo Duarte y muchos próceres más.
EL AUTOR ES MIEMBRO FUNDADOR DEL CÍRCULO DELTA.