Una buena decisión de que el Gobierno licitará operación de plantas

El gobierno dominicano licitará la operación y el mantenimiento de las plantas a carbón, aunque según Rubén Bichara, vicepresidente de la CDEEE, el Estado mantendrá la propiedad sobre la termoeléctrica que se construye en Punta Catalina, Peravia, con una inversión cercana a los 2,000 millones de dólares.
La idea del funcionario es que la operación de las nuevas plantas recaiga sobre “una empresa experimentada”, que garantice su vida útil y genere durante años con la eficiencia que amerita la inversión, que tendrá un financiamiento externo por US$1,500 millones.
“Pero la operación y mantenimiento tú siempre la descargas en una empresa experimentada, que es la que te opera y mantiene la planta, pero tú la administras, tu administras tu planta y es propiedad del pueblo dominicano”, dijo el funcionario.

El gobierno espera cerrar antes de que concluya el año un primer tramo en las negociaciones por el financiamiento del proyecto, que involucraría el desembolso de 650 millones de dólares. Los planes son que para el primer trimestre de 2015 puedan entrar otros 550 millones de bancos internacionales, de forma que se garantice el nivel de ejecución del proyecto que hasta ayer era de 102%.
“No han faltado ofertas de financiamiento por la salud financiera y por el retorno que representa no hay inconvenientes”, dijo Jiménez Bichara.
Rubén Bichara reveló que para octubre de 2015 esperan el primer embarque con turbinas y generadores de las plantas a carbón, que permitirá el ensamblaje de la termoeléctrica. Serán cinco embarques, uno por mes hasta febrero de 2016. Para este mes, además, el funcionario viajará a Ohio, Estados Unidos, para la planificación de la caldera.
Con estos puntos ya acordados, el funcionario cree que las plantas estarán listas en 2017, fecha que sobrepasa la actual gestión de gobierno. Y ahí entra su impulso al pacto eléctrico, debido a que de arribar a un acuerdo, entre abril y mayo, ese proyecto se culminaría sin traumas y al final se daría “con la solución al tema energético nacional”.
“El pacto es una herramienta para brindar las acciones a largo plazo que solucionarán el tema eléctrico”, indicó.
Crisis
El vicepresidente de la CDEEE reveló ayer que la ineficiencia del sector eléctrico le cuesta a los dominicanos 3,200 dólares por minuto. Además dijo que la actual gestión gubernamental ha pagado 4,700 millones de dólares a los generadores eléctricos.
Dijo que se destina el 78% de lo facturado a los generadores de electricidad. Además, consideró necesario ampliar la generación energética y cambiar la matriz de generación, lo que permitirá un ahorro de hasta un 50% en la solución del tema.
((Demanda
Se necesita 30% de “energía fría”
El funcionario reveló que tres estudios de previsión de demanda eléctrica que se hicieron coincidieron en que habría que iniciar la instalación de 1,451 megavatios adicionales para garantizar el suministro nacional. “Punta Catalina son dos unidades de 360 megavatios cada una, si ustedes analizan nos falta todavía generación para instalar”, dijo.
Y más importante aún, las autoridades piensan en tener “energía fría” disponible, alrededor de un 30% de la necesidad nacional para suplir en caso de eventualidades técnicas. De esa forma, aseguró, no habría que quitarle energía a una población o ciudad para suplir las necesidades nacionales en caso de una avería.
“Y obviamente la necesidad de inversión sigue abierta, y también la disposición del gobierno de recibir cualquier inversión para acometer este gran reto de instalar los 1,451 megavatios en los próximos años”, dijo el funcionario.
También dijo que cerca de 800 millones de dólares son necesarios para rehabilitar redes de transmisión eléctrica y así reducir también las pérdidas para mejorar el servicio.
Otra de las respuestas del funcionario fue sobre la telemedición de la energía, de la que dijo constituye el 60% de los clientes facturados, y que ese número podría incrementarse con mayor inversión de parte del Estado.
El financiamiento de las plantas a carbón estima una inversión del Estado en un 20%, y el otro 80% consignados como préstamos internacionales que son gestionados por la empresa adjudicada, “con el aval del Estado”