Finca en San Cristóbal donde encontraron un laboratorio fue vendida por un deportado

La finca donde las autoridades del ministerio público desmantelaron un laboratorio de drogas, en San Cristóbal, fue vendida por más de 13 millones de pesos a un colombiano por un dominicano que fue deportado de Estado Unidos, después de que cumplió 11 años de prisión por supuesto robo de vehículos.

Fernando Ramírez Peña, quien fue interrogado en la Fiscalía de San Cristóbal, dijo que el dinero le fue pagado en efectivo en dos partidas, entregados por dos jóvenes colombianos que fueron en una yipeta blanca Hyundai.

Según Ramírez Peña la venta de la finca, ubicada en la calle primera del sector Sabana Toro, de San Cristóbal, se hizo con el colombiano John Jairo Roldán Estrada, quien recibió la propiedad.


 Se recuerda que Estrada se encuentra guardando prisión conjuntamente con el colombiano Fernando Vargas, por la comisión de lavados de activos y narcotráfico.

Explicó que en un primer pago recibió seis millones 500 mil pesos, y que cuando fue a contar el dinero se paró cuando iba por tres millones.

Declaró que la propiedad  estaba tasada en 23 millones de pesos, pero que la vendió en 13 millones de pesos, alegando “necesidad económica y que el río se estaba comiendo la casa”.

Manifestó que 13 días después los jóvenes le entregaron la segunda partida en dos fundas negras y le hicieron un recibo de talonario  que él firmó y le entregó copia de la cedula.

Sostuvo que la venta estaba condicionada a que abandonara la propiedad en una semana, pero él abandonó en dos semanas.

El acto de venta de la propiedad la hicieron a nombre de Paula Yocasta Paulino Cuevas, residente en la calle  Puente Blanco número dos, de Los Alcarrizos y con una profesión de quehaceres domésticos y quien figura en los registros con deudas con diferentes instituciones bancarias.

En torno a esa joven la Fiscalía de San Cristóbal solicitó orden de arresto a fin de que aclare sobre la compra de este inmueble, asimismo está detrás de ocho personas más que alegadamente trabajaban en la finca, para fines de investigación.

Según declaró Ramírez Peña al ministerio público, la propiedad la compró en el 1986 por 145 mil pesos al general retirado Paz de León. En ese tiempo no tenía título, le hizo el deslinde y le sacó el título.

Relató que se fue a los Estados Unidos en los años 90 y regresó en el 2006, cuando firmó su deportación de manera voluntaria tras cumplir condena.

Sostuvo que luego de estar en la República Dominicana viajó a Colombia en el 2006, con la finalidad de comprar ropa, más tarde a Costa Rica 2009 para conocer el modelo de la política municipal y que intentó viajar a España, para ver proyectos turísticos inmobiliarios, pero que no lo llegó hacer. Igualmente dijo que viajó a Haití para saber cómo quedó después del terremoto.

Relató que un día lo visitó un señor de aproximadamente 50 años y le expresó que iban a venir una gente a comprar la finca. Le entregó la copia del título de propiedad y copia de la cedula, pero que primero debía darle la primera parte adelantada.

El contrato de venta fue realizado en una oficina de abogados en los alrededores del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva a nombre de Paula Yocasta Cuevas, pero que Ramírez Peña dice que no la conoce. No le entregaron copia de un contrato.