Empresarios exigen que declaren “de prioridad nacional” el ingreso ilegal haitianos

Exigen que declaren “de prioridad nacional” el ingreso ilegal haitianos

Haitianos entrando en masa a Dajabón.

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP),a principal organización empresarial de la República Dominicana, instó a las autoridades de este país a declarar la problemática de la inmigración haitiana y su descendencia "como una prioridad nacional".
En un documento público que fue leído en rueda de prensa por su presidente, Lisandro Macarrulla, la entidad dice que el país debe viabilizar "a la mayor brevedad posible" la definición de una política migratoria integral y responsable que permita superar los escollos que está acarreando el éxodo ilegal y sin control de haitianos, en términos de derechos humanos, prejuicios raciales, defensa de los inmigrantes, “genocidio civil”, trabajo decente, trata y tráfico de personas, entre otros.

En este sentido sugiere que se lleven a cabo amplias consultas en el seno de la sociedad dominicana para establecer de manera objetiva qué espera y anhela al respecto y así dotarla de legitimidad.

El CONEP formula, asimismo, una serie de propuestas sobre las áreas conflictivas en materia de política migratoria.

EL texto

A continuación las partes fundamentales del documento del CONEP:

La situación general en Haití propicia la emigración, principalmente hacia territorio dominicano. De hecho, ya se dijo, República Dominicana sigue recibiendo una aparentemente incontenible inmigración haitiana y alberga y sustenta en su territorio a una población de origen haitiano que labora en su territorio de manera legal o ilegal.

De ahí surgen una serie de dificultades internas y de problemas que requieren pronta atención por parte de las autoridades dominicanas. A continuación identificamos sin orden de importancia diez áreas conflictivas en la actualidad que siguen bajo el prisma de la contradicción.

a. Nacionalidad dominicana

Predominan dos posiciones encontradas en torno a la forma de entender el Artículo 11 de la actual Constitución dominicana.

Para los unos, se es dominicano en función del Ius Solis, es decir, por haber nacido en territorio nacional, siempre y cuando no se sea vástago de diplomático debidamente acreditado en el país o encontrarse en condición de tránsito; transitoriedad ésta, dicho sea de paso, que se define comprendida por un lapso máximo de 10 días solamente (de acuerdo a la Sección V del Reglamento de aplicación de la Ley migratoria de 1939, que estuvo en vigencia hasta la promulgación de la nueva Ley de Migración en 2004).

Para los otros, puesto que la ilegalidad no es fuente de derecho, el Ius Solis se aplica únicamente a los descendientes de residentes legales en el país, con la excepción de diplomáticos o transeúntes, tal y como lo enarbola la Constitución de República Dominica desde 1929, y lo ha reconocido la Suprema Corte de Justicia mediante sentencia de fecha 14 de diciembre del año 2005.

b. Racismo en República Dominicana

La concentración de pobreza, de exclusión y de vulnerabilidad en la población haitiana, en sus descendientes e incluso en dominicanos de raza negra, pone sobre el tapete la problemática del racismo, la segregación y la xenofobia.

Para los unos, la sociedad dominicana es racista y xenófoba, tal y como se evidencia principalmente en la privación de los derechos humanos más notables a la población haitiana y a sus descendientes.

Para los otros, el que existan casos de racismo y de xenofobia en medio de la construcción de la sociedad dominicana no significa que esa sociedad, comenzando con sus instituciones y su aparato jurídico, ampare y promueva tales desviaciones ni que éstas sean constitutivas de ella.

c. Documentación civil

El drama de la migración y del emigrante se acrecienta por el hecho de permanecer indocumentados y constituye lo que ha llegado a ser denunciado como “genocidio civil”.

Para los unos, no sólo se les niega la debida documentación en el país a los inmigrantes haitianos y a sus descendientes, sino que incluso se priva de documentos a los recién nacidos, situación ésta que incrementa la vulnerabilidad y la marginalidad, incluso, a la hora de recibir servicios tan esenciales como los de educación, salud, libre tránsito o bien la expedición de los correspondientes documentos de personería en el Registro Civil.

Para los otros, tal situación está en vía de superación, tanto con la entrada en vigencia del Libro Rosado y el de Extranjería, como con la depuración que se viene efectuando para nacionales y extranjeros en los libros de la Oficialía del Registro Civil, luego de la Circular No. 017 de la Junta Central Electoral, en estricto apego a la nueva Ley de Inmigración.

d. Ley 285-04 General de Migración

Desde el 15 de agosto de 2004, el país cuenta con una nueva Ley General de Migración; no obstante, quedan más de una duda sobre el alcance y la aplicación de la misma, razones éstas por las que no se disipan todas las dudas en la materia.

Para los unos, en lo adelante se trataría solamente de regirse por los términos de dicha Ley.

Para los otros, esa pieza jurídica es inconsecuente pues, sin Reglamento, se la aplica de manera equívoca.

Y en ambas posiciones se reconoce que existe cierta distancia entre lo legal y la práctica; para los primeros, las deficiencias que resultan de esa distancia responde se atribuyen al factor humano y no es a confundir con una política de Estado, y para los otros constituye una fuente continua de reclamo ciudadano en y fuera del país.

e. Repatriaciones y deportaciones

Documentados o no, los inmigrantes haitianos y sus descendientes son sujetos continuos de procesos de repatriación y de expulsión del territorio nacional. En ese contexto,

Los unos señalan que, tanto las repatriaciones, como las redadas y las expulsiones masivas de inmigrantes haitianos, se realiza de manera arbitraria, en detrimento incluso de nacionales de raza negra, y en violación a los más elementales derechos humanos de los afectados.

Los otros alegan que las autoridades nacionales de migración no hacen más que aplicar el protocolo aprobado por las autoridades de ambos países en 1999, que son las que norman las repatriaciones. Cualquier exceso de algún funcionario dominicano, una vez denunciado y comprobado, es debidamente sancionado. Jamás tolerado.

f. Frontera

Al igual que lo acontecido en el pasado entre las colonias española y francesa de la Isla, la frontera entre las repúblicas de Haití y Dominicana sigue siendo tierra de convivencia familiar y comercial, así como de discordias, de abusos y de malquerencias.

Para los unos, la frontera dominico/haitiana es un lugar de tráfico de indocumentados, trasiego de drogas, contrabando, extorsiones y violaciones múltiples a los derechos humanos.

Para los otros, es un espacio de facto militarizado, para evitar esos males y detener todo tipo de trasiego y de contrabando.

g. Comercio

A pesar de que durante años el intercambio comercial entre las repúblicas de Haití y Dominicana ha sido muy importante para ambos, por diversas razones ambos estados han demostrado una incapacidad histórica para convenir y respetar normas comerciales operacionales, e incluso, para concertar un acuerdo bilateral que regule, facilite y haga más transparente el flujo comercial a lo largo de la frontera y entre ambos países. No obstante lo cual, un punto ha sido puesto en evidencia en los últimos meses, la recíproca relación de dependencia de dominicanos y de haitianos en materia comercial (y laboral).

Para los unos, las relaciones comerciales son bidireccionales, independientemente de si se trata de mercancías introducidas por la vía clandestina en una u otra dirección.

Para los otros, el énfasis explícito está puesto en el comercio fronterizo. Éste beneficia particularmente al lado haitiano, que sin los productos que proceden del lado dominicano no lograría satisfacer las necesidades alimenticias de aquella población.

h.-Mercado y derechos laborales

La cuestión relativa a si la economía dominicana se beneficia o no de la mano de obra haitiana, --al menos a corto plazo y aunque se perjudique a mediano y largo plazo por los bajos salarios y la falta de inversión tecnológica--, es objeto de debates importantes. En cualquier hipótesis,

Para los unos, esa mano de obra es explotada y sobre explotada en el país, pues no se les reconocen sus derechos laborales ni se les garantiza de hecho el libre acceso a la justicia; esto así, amen de que el cúmulo de leyes y de códigos dominicanos no deja de ser en la práctica un conjunto de textos solamente formales que, al igual que la luz roja en los semáforos, no son respetados ni por la población ni por sus instituciones.

Para los otros, la mano de obra haitiana, al igual que la de sus descendientes nacidos en el país, está sujeta al mismo trato y a las mismas condiciones laborales que la población dominicana, población ésta con la cual convive en armonía e independientemente de condiciones tales como raza, nacionalidad, idioma, costumbres, género, preferencia sexual o incluso su condición formal de ser inmigrantes legales o ilegales en el país que los acoge.

i. Medio ambiente

El ecosistema de la Isla Hispaniola es uno y ni conoce ni respeta fronteras políticas. Y por ello, ante el proceso progresivo de desertificación que tiene lugar en la isla, aumenta la preocupación por la eventual reproducción en territorio dominicano del alarmante y quizás irreversible nivel de deterioro ecológico en Haití.

Para los unos, las incursiones y la presencia de nacionales haitianos en territorio dominicano resulta ser una amenaza a nuestra cobertura boscosa y a nuestras fuentes de agua, debido a sus necesidades de carbón y su agricultura conuquera y deambulante.

Para los otros, la degradación del medio ambiente es una cuestión relativa. Cualquier mala práctica campesina, sea ésta de nacionales haitianos o dominicanos, es menor y menos grave que la que proviene de las contaminaciones ambiental y del subsuelo que ocasionan las industrias, las minas y las plantaciones agroindustriales modernas, independientemente de que la dicha contaminación sea ocasionada por nacionales o por otros extranjeros en territorio dominicano.

j. Identidad cultural

Pocos elementos hay tan vitales en un pueblo como su cultura. Pues bien, dada la historia multirracial y multiétnica del pueblo dominicano,

Para los unos, la cultura nacional debe asimilarse con los modelos estéticos, artísticos e institucionales propuestos por Europa occidental y Norteamérica, según los cuales el ideal viene adornado por la raza caucásica y engalanado por la tradición judeo-cristiana y occidental. Esto así a pesar de que, según la expresión popular, todos tenemos el negro detrás de la oreja.

Para los otros, el sistema cultural dominicano integra también y de manera esencial la variable africana; por ello, más que el negro, lo que tenemos todos es el blanco detrás de la oreja de un cuerpo negro y, de manera predominante, mulato.

Ante tantas y tan graves dificultades, el CONEP se siente en la responsabilidad de señalar ante el Gobierno dominicano que llegó la hora de definir y de resolver la problemática recién esbozadas, pues, como se advirtió al inicio, el mero pasar del tiempo agrieta las relaciones raciales e interétnicas en el territorio nacional y acrecienta la incomprensión y las condenas en los foros internacionales respecto a la posición dominicana.

Se trata de proponer soluciones a cada uno de los diez problemas ya citados, acatando las leyes vigentes y respetando los derechos humanos de cada ciudadano haitiano y de sus descendientes en territorio dominicano, sin por ello violentar ni desconocer el derecho inalienable del Gobierno dominicano para enarbolar su soberanía como pueblo libre en un Estado democrático de derecho.

Propuestas

A.- Debe ser abordado como PRIORIDAD NACIONAL

B.- Comisión Mixta Bilateral

La expresión de aquella política nacional debe aflorar y manifestarse en el seno de la Comisión Mixta Bilateral (CMB), cuya razón de ser sigue vigente.

A propósito de la CMB, o si llegara a ser el caso una instancia análoga que la sustituya, las autoridades dominicanas deben hacer esfuerzos por reactivarla y acordar un calendario de reuniones con su contraparte haitiana con el propósito de crear las bases de un acuerdo migratorio que sea adoptado y ratificado por las autoridades de ambas naciones lo más pronto posible y en consonancia con nuestras ley y regulaciones en esa materia.

Por vía de consecuencia, los siguientes temas ameritan atención prioritaria y práctica en el seno de la CMB:

Proceso de contratación de trabajadores nacionales de una de las partes con destino a la otra parte;

Eventual actualización del procedimiento de repatriación de los inmigrantes nacionales de una de las partes en situación irregular en territorio de la otra parte;

Regularización de la situación migratoria de los nacionales de una de las partes que estén en situación irregular en territorio de la otra parte;

Medidas concretas a ser tomadas por las partes para controlar el flujo migratorio, así como la trata de personas y el tráfico de indocumentados;

Expedición de documentos de identidad y documentos de viaje a sus nacionales por parte de las autoridades de cada país.

C. Estadísticas demográficas

Cualquier programa de reglamentación, por simple que éste sea, debe anticipar el número y las condiciones demográficas del universo que pretende remediar y los recursos logísticos para tales fines.

Consecuentemente, el universo de los inmigrantes ha de ser cuantificado vía un censo de extranjeros destinado a conocer a ciencias cierta su magnitud demográfica y su impacto en el mercado laboral y en el de los servicios que demandan.

D. Líneas de política

La toma de posición de las autoridades dominicanas ante el fenómeno de la presencia haitiana en el país debe articularse alrededor de una política que responda, por lo menos, las áreas problemáticas ya expuestas en la sección anterior de este documento.

d.1 Nacionalidad dominicana

La posición del CONEP es endosar la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, al tiempo que se propone una reforma constitucional que adopte una definición inequívoca e incuestionable para definir el criterio según el cual se otorga la ciudadanía dominicana

Teniendo en cuenta las versiones hoy día enfrentadas, es recomendable modificar la Constitución de la República para suprimir el sistema de adjudicación de la nacionalidad por vía del Ius Solis y reconocer entonces la del Ius Sanguinis, y fortalecer de manera consecuente todo el estatuto jurídico de la nacionalidad y la migración.

d.2 Racismo en República Dominicana

Toda expresión de prejuicio racial y de xenofobia en el país debe ser erradicada. El marco de referencia normativo de ese esfuerzo debe ser el fiel cumplimiento de los compromisos internacionales reconocidos por el país, el apego irrestricto a las normativas constitucionales y legales vigentes, así como las debidas sanciones a cualquier violación a estas leyes y a aquellos compromisos.

Al mismo tiempo, como contrapeso a lo anterior, la educación en valores, --sobre todo la justa igualdad de oportunidades para todos, al margen de cuestiones raciales, étnicas, de género, preferencias sexuales, idiomáticas u otras--, ha de ser constitutiva de todo el sistema de educación y de concientización ciudadana en República Dominicana.

d.3 Ley 285-04 General de Migración

Es imperativo e innegociable que la Ley 285-04 de Migración sea complementada por el Reglamento de aplicación previsto en dicha pieza jurídica.

Una vez promulgado el Reglamento, las autoridades deben calificar y capacitar a los funcionarios responsables de velar y de supervisar su fiel cumplimiento.

d.4 Documentación civil

La existencia de cualquier persona indocumentada en el territorio nacional, independientemente de su nacionalidad, debe ser superada.

Para ello, es imprescindible poner en pie un programa de regularización. Este programa ha de ser factible y su único objetivo debe ser regular y documentar la presencia masiva nacionales dominicanos y de inmigrantes haitianos ilegales, con especial atención a las personas que tienen muchos años residiendo en el territorio dominicano y a sus descendientes, así como capacitar a los sectores concernidos sobre dichas facilidades procesales.

Como corolario de esa regularización, se entiende que aquellos inmigrantes ilegales que no puedan regularizar su estatus legal en el país, habrán de salir del territorio nacional.

De manera paralela, es imprescindible que todos los actores políticos y sociales favorezcan la depuración del padrón electoral y el registro civil, para suprimir el cúmulo de declaraciones tardías fraudulentas, sin por ello violentar la jurisprudencia nacional en materia de falsificación de documentos ni aplicar de manera retroactiva la ley

d.5 Repatriaciones y deportaciones

Los extremos son a evitar, tanto el de la permisividad como el de las deportaciones masivas. De ahí que la ratificación de la Convención de los Trabajadores Migrantes y sus Familias debe ser analizada a la brevedad por las autoridades nacionales para tomar una posición ante ella. Igualmente, debe garantizarse el respeto del Protocolo de Entendimiento sobre los Mecanismos de Repatriación firmado con Haití en 1999.

La finalidad de lo anterior es que toda repatriación y toda deportación de extranjeros ilegales que se practique, en tanto que amparada en el deber soberano e inalienable del Estado dominicano para fijar su política migratoria, esté inscrita y se efectúe dentro de un marco de legalidad y de respeto a los derechos humanos.

En cualquier hipótesis, conviene tener en cuenta que las expulsiones indiscriminadas de inmigrantes haitianos ilegales, suponiendo que fueran viables, al tiempo de crear sensibles vacíos de mano de obra en la economía dominicana, también originan problemas de reinserción laboral e inquietud social en Haití, con lo cual se crea un círculo vicioso que acarrea más migración despavorida.

d.6 Frontera

Para lograr un desarrollo fronterizo sostenible, la frontera dominico-haitiana no debe ser incumbencia primordial ni exclusiva de los militares, ni siquiera para ser la figura principal en la aplicación de una política de control migratorio, sino bastión civil de un modelo de desarrollo local que movilice los recursos de la zona y que regule de manera eficiente estos aspectos: la migración, la actividad comercial, el medio ambiente compartido y la seguridad nacional y de la ciudadanía.

Si bien las Fuerzas Armadas son responsables del orden, en lo referente a los demás aspectos que convergen en la zona fronteriza, es necesaria una mayor preponderancia civil de las instituciones gubernamentales.

Y para todos, civiles y militares, debe otorgarse mediante ley un salario especial e incentivos apreciables a los servidores públicos de la región fronteriza, así como facilitar un conjunto consistente de inventivos fiscales a los inversionistas privados, que la conviertan en una zona especial de desarrollo y de atracción demográfica.

d.7 Comercio

En la actualidad, existe una nueva ventana de oportunidad para las repúblicas de Haití y Dominicana en el marco del acuerdo EPA entre los países CARIFORO y la Comisión Europea pues, esta negociación extra regional debe ser aprovechada por ambas partes como catalizador de un potencial proceso de integración comercial.

De hecho y de derecho, la concertación del EPA vía la negociación UE-CARIFORO se convertirá en el referente intrarregional de comercio en CARIFORO. En consecuencia, el EPA está llamado a ser el esquema de referencia bilateral Haití-República Dominicana. Estos dos países deberán otorgarse entre sí lo que le concedan a Europa, no sólo en el aspecto arancelario, sino también en las demás disciplinas y los procedimientos incorporados en el EPA.

En cualquier hipótesis, las relaciones comerciales entre ambos países deben responder a reglas claras, como por ejemplo controles fitosanitarios y tasas arancelarias homogéneas para todos los productos, independientemente de que entren o que salgan del país por la frontera terrestre o marina. Pero aún más, existe la conveniencia, si no la necesidad de un acuerdo de libre comercio binacional.

d.8 Mercado y derechos laborales

El Estado dominicano debe asumir su responsabilidad de garantizar en todo el territorio nacional, no sólo el fiel cumplimiento del Código de Trabajo, sino igualmente un trato digno a todos los trabajadores, particularmente en este contexto a los inmigrantes.

Para ello, se requiere una política de empleo para inmigrantes que, respetando sus derechos, evite que esa fuerza laboral haitiana actúe como un ejército de reserva que deprima el salario medio nacional y retrace la modernización tecnológica indispensable para mantener una posición competitiva en el mercado global. De ahí que

Las normas del trabajo digno deben ser pensadas en términos de:

(i) Incrementar las posibilidades reales de brindar en el país a todo inmigrante legal, así como a todo dominicano, sea éste de padres extranjeros o no, los servicios de salud, educación, vivienda, agua potable, servicios energéticos, de transporte y de seguridad, de acuerdo a los compromisos laborales nacionales e internacionales adquiridos. Al mismo tiempo,

(ii) Sancionar a los empleadores de mano de obra ilegal, y también a los que incumplan los topes porcentuales de trabajadores previstos por nacionalidad en la ley, tras el debido otorgamiento de plazos prudenciales para producir los ajustes de lugar en el mercado laboral. Y

(iii) De necesitarse jornaleros extranjeros por encima del por ciento previsto en la ley y al margen o más allá de la debida tecnificación y mecanización de los procesos productivos, dichos trabajadores y empleados han de ser contratados siguiendo lo dispuesto en el Código de Trabajo y en la Ley General de Migración.

d.9 Medio ambiente

Es indispensable que el Estado dominicano garantice el fiel cumplimiento de las normas ambientales, de manera que se impida de manera eficiente, tanto la deforestación que resulta por la mala práctica agrícola o forestal de un particular, como la contaminación ambiental y el desorden en el uso del suelo que propicie cualquier empresa, pues se trata de hacernos menos vulnerable a los fenómenos naturales y alcanzar una gestión ambiental más sustentable.

El uso racional de los recursos naturales renovables significa en cualquier hipótesis, las siguientes prioridades:

(i) Proteger e incentivar la parte alta de nuestras cuencas hidrológicas, velando por las fuentes de agua y por la adecuada cobertura del suelo que evite la erosión y la consecuente desertificación del país;

(ii) Establecer y respetar la vocación de los suelos;

(iii) Velar por la recuperación y rehabilitación del suelo en las zonas mineras, antes de que esa actividad económica descubra la roca madre de manera irreversible; y

(iv) Sancionar la contaminación industrial, tanto del subsuelo con sus aguas subterráneas como de la atmósfera y de los mares que rodean nuestras costas.

d. 10 Cultura

Iniciar un proceso de revalorización de la cultura nacional, asumiendo las contribuciones particulares que provienen de África, América, Asia y Europa.

Entre las formas para lograrlo, tenemos la actualización de los programas de estudio y el material didáctico disponible, de manera que sin chauvinismos ni extremismos, pueda hacerse conciencia acerca de los desafíos que nos plantea la coexistencia en el país de nacionales dominicanos e inmigrantes haitianos, amen de la coexistencia de por sí singular entre dos Estados nación en un mismo espacio insular, y la comunicación en y a través de la barrera lingüística.

Conclusiones:

CONEP insiste en esos puntos confiado en que esos planteamientos sean ponderados por los diversos actores sociales y, particularmente, por las autoridades nacionales, en aras de la elaboración consciente de una tematización de la presencia haitiana en República Dominicana y la subsecuente adopción de una política migratoria indispensable al desarrollo sostenible y armonioso de la nación dominicana.

Todo lo cual ha de enmarcarse en el escrupuloso respeto a los derechos de todo inmigrante en nuestro territorio nacional, al mismo tiempo que en nuestra opción de solidaridad con el pueblo y con la República de Haití. Incluso, puede ser acompañada por una serie de inversiones nacionales en Haití, tanto industriales como de infraestructura, de modo a favorecer la institucionalización de ese país y el desarrollo de mejores oportunidades para todos.