Dice el presentado tiene contradicciones y errores La Suprema Corte de Justicia (SCJ) solicita modificar 26 de los 32 artículos del proyecto de reforma constitucional relativos al Poder Judicial, porque tienen errores, contradicciones y de aprobarse debilitaría el sistema judicial. El proyecto de reforma del Poder Ejecutivo hace referencia al Poder Judicial desde el artículo 126, pero con relación a este texto no hubo diferencias con la propuesta de la SCJ. Sin embargo, los jueces del organismo advierten que no se debe limitar la facultad del Congreso de crear tribunales. Parte del texto del artículo 127 del proyecto del Poder Ejecutivo señala que la ley orgánica del Poder Judicial regulará el estatuto jurídico, pero la Suprema advierte en su propuesta que hay un error, porque deben decir: "La ley de carrera judicial regulará el estatuto jurídico". Con relación al mismo artículo, la Suprema sostiene que de modificarse la ley de carrera judicial se estaría derogando la actual y sus reglamentos, y señala que la disposición ha sido exitosa y sirve de referencia a Panamá, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Con el artículo 128 del proyecto del Poder Ejecutivo los jueces de la Suprema no hicieron una propuesta definida y sólo piden que donde dice ley orgánica del Poder Judicial se escriba ley de carrera judicial. Con el artículo 129 la SCJ reclama modificarlo, argumentando que los redactores del proyecto del Ejecutivo incurrieron en un error porque indica Corte Suprema y debe ser Suprema Corte de Justicia. En el mismo artículo recomienda que el Consejo Nacional de la Magistratura no sea órgano de gobierno del Poder Judicial, pues sería involucrarlo en asuntos administrativos y financieros, competencia de otras instituciones. La SCJ propone que se modifique del mismo artículo la disposición que excluye al presidente de ese organismo como el tercer hombre al mando del Consejo Nacional de la Magistratura y lo baja de categoría en un séptimo lugar. En el 130 la Suprema recomienda que se modifique su redacción para que se cambie la propuesta del Poder Ejecutivo de crear una Sala Constitucional y un Tribunal Superior Administrativo con la misma jerarquía que los jueces de la Suprema Corte. Con el artículo 131 del proyecto de reforma la SCJ señala que no tiene diferencia, pero pide que se precise el término "magistrados" por el de "jueces" en razón de que con el primero también se llama a los miembros de la Junta Central Electoral, de la Cámara de Cuentas y representantes del Ministerio Público. También advierte que el artículo 132 del Poder Ejecutivo tiene una contradicción en su párrafo dos, porque habla de la ley orgánica del Poder Judicial y debe decir ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura. Asimismo, en relación al artículo 133 el Poder Judicial recomienda que se modifique el proyecto del Ejecutivo porque consigna que la Suprema debe estar compuesta por 16 jueces. El máximo tribunal sugiere que esté integrado por al menos 21 jueces para que se dividan en cuatro salas. Con el artículo 134 no hubo mayor diferencia en las propuestas de los poderes Ejecutivo y Judicial como requisito para ser juez de la Suprema Corte. La Suprema advierte que "las equivalencias en cortes y juzgados de primera instancia no debe ser lo mismo, porque las funciones que realizan son diferentes y se eliminan a los jueces de la jurisdicción inmobiliaria". En el artículo 135, el tribunal supremo sostiene que la Sala Constitucional debe formar parte de ese organismo y que se establezca que su designación corresponde al Consejo Nacional de la Magistratura, de conformidad con lo dispuesto por su Ley Orgánica. Con relación al artículo 136 propone que diga Cuarta Sala Constitucional de la Suprema Corte de Justicia para que quede establecido que este tribunal pertenece al Poder Judicial. Con el artículo 139 la Suprema sólo pide que se especifique que el Consejo del Poder Judicial es un órgano del gobierno administrativo del sistema de justicia, "y debe quedar claro que no tiene carácter jurisdiccional". Dos figuras jurídicas La reforma judicial que se implementó en la República Dominicana en el año 1997 estuvo sustentada en la modificación a la Constitución realizada en agosto de 1994 en medio de una crisis post-electoral. En aquella ocasión se crearon dos nuevas figuras jurídicas: el Consejo Nacional de la Magistratura y la inamovilidad de los jueces. Asimismo, se despojó al Senado de la facultad de nombrar los miembros de la judicatura nacional. Como producto de la escogencia de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, en agosto de 1997 se implementaron cambios en la Justicia, creando la carrera judicial y la Escuela de la Judicatura. El poder ejecutivo El proyecto que envió el Presidente al Congreso El presidente Leonel Fernández presentó ante la Asamblea Nacional un proyecto de reforma a la Constitución de 254 artículos, destinado a sustituir la actual Carta Magna que sólo consta de 122, aprobada durante el primer gobierno de Joaquín Balaguer en 1966. En el proyecto de Fernández se procura modificar gran parte de las disposiciones vigentes y con relación al sistema de Justicia busca crear dos tribunales, un constitucional y contencioso tributario fuera del Poder Judicial con la misma jerarquía que los jueces de la Suprema Corte de Justicia. También consigna la creación de un órgano para supervisar la administración del Poder Judicial y la carrera de todos los miembros de la judicatura. El proyecto es estudiado por una comisión bicameral integrada por senadores y diputados, quienes han realizado vistas públicas. Suprema corte de justicia Un tsunami contra el sistema judicial dominicano El pleno de la Suprema Corte de Justicia, encabezado por Jorge Subero Isa, definió el proyecto de reforma constitucional del Ejecutivo como un tsunami contra el sistema de Justicia, porque pretende crear otros dos tribunales para dividir el tercer Poder del Estado en tres órganos. Además, porque convierte la Suprema Corte de Justicia en una simple corte de casación para decidir los procesos judiciales en tercer grado. Subero Isa no descarta que la incidencias de los políticos vuelvan a ser determinantes en las decisiones de los tribunales si se aprueba el proyecto de modificación de la Carta Magna tal y como fue presentado por el Poder Ejecutivo. Atribuye el plan contra la Suprema a los sectores políticos que, dice, están dando muestra que desean dominar los asuntos constitucionales y los conflictos contenciosos tributario. | 
